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En concreto, la entidad que preside Manuel Menéndez ofreció un canje por sus preferentes o deuda subordinada, en el que los afectados podían elegir recibir acciones del banco o bien una combinación de acciones (30%) y estos bonos obligatoriamente convertibles en acciones (70%). La mayor parte de los minoristas apostó por esta segunda opción. Los bonos deberán convertirse en acciones como muy tarde en 2018, si bien la entidad ya ha abierto algunas ventanas voluntarias de canje.

El sector que más perdió fue el de telecomunicaciones (1,07 %), seguido por el industrial (0,74 %) y el financiero (0,55 %), mientras que ganaron el de materiales (0,09 %) y el de consumo frecuente (0,08 %).

De esta forma, la inversión de los afectados estaría protegida hasta abril del próximo años, siempre que no decidan vender sus títulos, aunque a cambio la entidad exigía algunas condiciones, entre ellas que los afectados no acometiesen acciones judiciales contra ella.

Na praça lisboeta é o sector financeiro que continua a determinar uma sessão de perdas, depois de ter encerrado a sessão desta quarta-feira com a maior queda desde Julho de 2013.

En ese sentido, cobra relevancia el hecho de que el fondo OceanWood Global, liderado por un ex Goldman Sachs, acaba de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 2,41% de las acciones de Liberbank. En realidad ya era accionista, si bien se mantenía oculto tras la pantalla de UBS, que en enero de este año disparó todos los rumores al comunicar una participación de un 3,452% en la entidad. En las próximas semanas, por tanto, podrían conocerse otras participaciones similares de fondos hasta ahora mantenidos en el anonimato.

El banco que preside Manuel Menéndez prepara una ampliación de 500 millones de euros que le servirá para reforzar su solvencia al tiempo que para devolver los 124 millones que le entregó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Esta operación será aprovechada previsiblemente por las tres cajas fundadoras de Liberbank (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura), que controlan un 92,8% del capital, para diluir su participación y adaptarse a la nueva Ley de cajas y fundaciones bancarias, lo que abre la puerta a la entrada de nuevos accionistas.